Con fecha 2 de Julio del 2009 comenzó en la ciudad de Ovalle el juicio del Ministerio público en contra de CRISTIAN ARAYA RIVERA, de profesión fonoaudiólogo. Según la fiscalía dicho profesional abuso de 70 menores pero solo se le acuso por 19 de ellos. La defensa asumida por nuestro estudio jurídico se justifica en la investigación realizada por la defensa incluyendo peritajes de descargo de carácter científicas y medicas. En la primera audiencia la propia directora del establecimiento declaro en el contrainterrogatorio …” obligamos a los padres de todos los menores a efectuar las denuncias aunque hubiesen dudas”, a juicio de la defensa esto provoco una sicosis colectiva fundada exclusivamente en un “supuesto dibujo“ que circulo entre todos los apoderados, el cual “no fue presentado como prueba por la fiscalía”. El caso recuerda al juicio seguido en contra del fonoaudiólogo Iquiqueño Ricardo Varela quien fue defendido por nuestro estudio jurídico y absuelto de manera unánime de todos los cargos después de acreditarse un montaje en su contra. Como defensa asumimos este caso por la contundente cantidad de material que probarían la falsedad de las imputaciones y la inocencia del acusado. El caso ha provocado un fuerte impacto en la región.

Otras fuentes
Diario el Día
El Ovallino
La estrella de Iquique

Con fecha 26 de Junio del 2009 en causa RIT 4088- RUC 081007270-0 El tribunal oral en lo penal de Iquique, en fallo unánime determino absolver de la acusación por violaciones reiteradas al acusado ALEX PALAPE TICONA. El ministerio publico solicito en el libelo acusatorio la condenada de 20 años de presidio y se respaldo en informe pericial del servicio medico legal, en la confesión del acusado, en la versión de médicos y en declaraciones de funcionarios de la policía de investigaciones quienes afirmaron escuchar la supuesta confesión del acusado. La defensa realizada por nuestro estudio jurídico presento informes científicos de carácter Bioquímicos que demostraron que los hechos no se trataban de una violación reiterara sino que de una infección en la lactante (un año seis meses de edad), supuestamente violada reiteradamente, que provoco secuelas parecidas a una violación. Además se pudo demostrar la inconsistencia de las versiones de funcionarios de la policía de investigaciones quienes incurrieron en reiteradas contradicciones en sus testimonios. Nuestro estudio jurídico pudo desvirtuar la acusación basado en pruebas científicas de carácter bioquímicas y en los principios que gobiernan este tipo de delitos sexuales.

Otras Fuentes
La estrella de Iquique

Con fecha 11 de Mayo del 2009 en causa RUC 0800874833-1 RIT 11.332-2008 en el caso de nuestro representado G. A. V. G. estudiante universitario de sicología, formalizado como autor de tráfico ilícito drogas (otros delitos de la ley 20.000), por encontrarse en su posesión cocaína que arrojo un peso de 625 gramos, se concedió el beneficio de la LIBERTAD VIGILADA en procedimiento abreviado. Nuestro representado jamás estuvo privado de libertad porque a juicio del órgano persecutor tampoco era necesario dicha medida cautelar no obstante haber sido formalizado, todo ello en consideración a su irreprochable conducta anterior. El procedimiento abreviado aplicado se encuentra establecido en el artículo 407 del Código Procesal Penal y permitió a este estudiante universitario continuar con sus actividades académicas para poder terminar así su carrera profesional, siendo favorecido por el beneficio de libertad vigilada concedido en la sentencia por el juez de garantía. El beneficio alternativo de libertad vigilada permite al acusado continuar en libertad bajo la orientación de un delegado de libertad vigilada. Cabe señalar que en este tipo de procedimientos el sentenciador puede no aceptar la petición del ministerio público y de la defensa, en cuyo caso debe proceder a eliminar del registro todos los antecedentes relativos al planteamiento, discusión y resolución de la solicitud de proceder conforme al procedimiento abreviado. Este procedimiento penal especial tiene la virtud de que impone al sentenciador la obligación de no exceder la pena solicitada por el Ministerio publico y solo procede previa aceptación libre y espontánea del acusado. Finalmente a petición de la defensa se eximio del pago de las costas al acusado por haberse acogido a un procedimiento que significo un menor costo para el erario nacional.

Con fecha 26 de Marzo en causa RIT 2564-2006 en el caso de nuestro representado F.C. S. estudiante de ingeniería condenado como autor de robo con violencia se logro aplicar la nueva ley 20.084 aprobándose el correspondiente plan de intervención. Dicho plan consistirá en que durante un año y cinco meses nuestro representado tendrá una entrevista mensual de carácter socioeducativo y semestral de rendimiento académico. Si bien es cierto los hechos acontecieron en el año 2006 por aplicación de los principios que gobiernan el derecho penal se le aplico la nueva legislación penal ya mencionada de manera retroactiva, en cuya virtud se somete a la aprobación del ministerio publico y de la defensa un plan de intervención a cargo de una corporación sin fines de lucro. En la especie el plan fue aprobado y ello represento que en ningún momento el acusado tuviese que permanecer privado de libertad. El espíritu de la nueva legislación busca favorecer la reinserción social.

Con fecha 26 de noviembre del presente, en causa Rol 156-2008 la Corte Marcial de Santiago, por fallo unánime, resolvió CONFIRMAR EL AUTO DE PROCESAMIENTO dictado por el sexto Juzgado Militar de Iquique en contra de un funcionario de Carabineros de la zona, quien con una subametralladora Uzi disparo a la rodilla de una civil durante un procedimiento de rutina, ocasionándole graves daños. Dicho procesamiento se funda en la justificación de los requisitos del procesamiento, en especial la existencia de hechos constitutivos de delito, confirmación que realizo la Corte Marcial en Santiago previo alegato de los intervinientes. La importancia de dicha confirmación para nuestro estudio jurídico dice relación con los fundamentos de la acción civil de perjuicios ya que a fin de reparar los graves daños físicos y sicológicos de nuestra representada, será necesario interponer una demanda civil en contra del Fisco fundado en la falta de servicio e incluso en las normas del Código Civil. La seguridad de la ciudadanía es un tema de interés publico por ello este asunto fue acogido precisamente por nuestra división de asuntos públicos.